Las trabas burocráticas impiden la legalización de media flota gallega

Cualquier parecido entre la foto fija que arrojan los papeles oficiales de la flota gallega y los barcos que realmente amarran en los muelles de la comunidad es pura coincidencia. Y eso lo admiten tanto el sector como las Administraciones, que son conscientes de que más de 2.000 embarcaciones con base en Galicia -cerca de la mitad de la flota- están en situación irregular, al no coincidir su potencia, dimensiones e, incluso, su material de construcción con los que figuran en su hoja de asiento.

El primer intento de poner todo en orden, allá por el año 2003, fracasó por completo. Y la segunda tentativa, que arrancó en junio del 2007, corre el riesgo de seguir el mismo camino, al menos «se non se escoita ao sector e non se atende ás súas necesidades», señaló Benigno Chaves, patrón mayor de A Illa de Arousa. De hecho, los pósitos de la provincia de Pontevedra ya decidieron plantarse y apearse del proceso -aunque es obligatorio- porque no están dispuestos a afrontar una serie de gastos, «que poden ascender a mil euros», sin tener seguro si la Administración permitirá o no legalizar la embarcación.

Desde la Federación Galega de Confrarías achacan el problema a complicaciones burocráticas y a los conflictos de competencias entre las distintas Administraciones implicadas (Marina Mercante, Medio Marino y Consellería de Pesca), «que lanzaron o proceso e agora non saben que nin como facer para legalizar a flota», explica Xan López, secretario de la federación gallega.

Tolerancia insuficiente

La ley publicada para guiar el proceso de regularización de la flota establece un cierto margen de tolerancia, en el sentido de que permite que las variaciones ilícitas que se hubieran hecho sin superar los 20 caballos de potencia o las 0,8 toneladas de registro bruto -un GT (tonelada de arqueo) si la embarcación es menor de 10 metros- se corrijan sin ser penalizadas con la obligación de tener que aportar bajas para cubrir esas diferencias. Pero ese margen se ha revelado insuficiente, según Benigno Chaves.

Ocurre que muchas embarcaciones aparecen registradas como dornas impulsadas a remos o a vela y, sin embargo, en la práctica tienen motores fuera borda que superan con creces los 20 caballos. Y autorizarles un motor de esa potencia «non lles resolve nada», asegura el patrón mayor de A Illa. Ya no porque de otra manera la actividad extractiva sería económicamente inviable, sino sobre todo por motivos de seguridad. «Non son só os percebeiros os que necesitan máis cabalaxe para poder facerlle fronte ao mar, tamén os naseiros se teñen que acercar á pedra con rompente e necesitan un motor potente», justifica Benigno Chaves. Y ese incremento de potencia no tiene por qué significar un aumento del esfuerzo pesquero, pues «un naseiro non vai usar o motor para pescar máis, porque non o necesita, pero sí para poder manobrar mellor en condicións duras de mar».

Algo similar ocurre con las dimensiones de la embarcación: «Por moito que digan nos despachos, un barco de catro metros e medio cun motor de 25 cabalos non serve para faenar», sostiene Benigno Chaves. Por eso el sector reclama «que se estuden as necesidades da flota e se nos dea unha solución factible».

Baja de oficio

Y esa respuesta tiene que llegar de inmediato, pues de otro modo cerca de la mitad de la flota gallega corre el riesgo de ser condenada a la ilegalidad perpetua, dado que la ley que fija las normas para la regularización de la flota da un margen de dos años -esto es, hasta junio próximo- para la adaptación de los barcos. Una vez transcurrido ese plazo, las embarcaciones que no se adecúen a su hoja de asiento serán dadas de baja de oficio del censo de la flota y, por tanto, no podrán pescar.

Fuente: La Voz de Galicia