Informes jurídicos y administrativos avalan el "contador a cero" para las bateas de Galicia

Dirigentes del sector mejillonero gallego tienen su poder desde hace más de un año diversos informes jurídicos que avalan la legalidad de “poner los contadores a cero” para las bateas, es decir, que el período de concesión de los parques de cultivo empiece a contar desde la aprobación de la nueva Lei de Pesca, como pretende la Consellería do Mar.
En esos documentos también se contempla la posibilidad de renovar concesiones sin necesidad de someterlas a concurso público, e incluso concederlas directamente por el plazo máximo que contempla la ley, es decir, por 30 años, sin tener que ir renovándolas cada década.

La razón de la minoría

Todo esto da la razón a una minoría del sector productor que a lo largo del pasado ejercicio repitió por activa y por pasiva que poner los contadores a cero era legal y que el concurso público era incluso una amenaza para el propio sector.
Los informes jurídicos que les dan la razón fueron, curiosamente, encargados por la comisión mejillonera que representaba a la mayoría y que llegó a decir por boca de alguno de sus portavoces que los “contadores a cero” no son legales y que el concurso público es obligatorio.
Con base en ello, la anterior conselleira impulsó una Lei de Pesca de Galicia que, precisamente, incluía los concursos para renovar las concesiones, que empezarían a caducar dentro de cinco o seis años.

Nueva norma

Tras el cambio de gobierno la nueva conselleira do Mar, Rosa Quintana, paralizó aquella ley para desarrollar una modificación de la misma, actualmente en fase de estudio.
En el nuevo articulado, ahora sí, se contemplan los “contadores a cero”, que a partir de la aprobación de la ley van a dar 30 años más de vida a las bateas. Aunque no sea necesaria, se conserva la fórmula del concurso, pero para hablar de él quedan aún tres décadas por delante.
Según el catedrático José Luis Meilán Gil, que emitió un informe a petición del Consello Regulador Mexillón de Galicia, que participaba en la comisión que aceptó la propuesta de ley de la anterior consellería, los contadores a cero son posibles.
“El legislador autonómico podría disponer que las concesiones se prorrogasen por un plazo máximo de 30 años sin hacer alusión alguna a prórrogas, pero no lo ha hecho”, indicaba Meilán Gil en referencia a la Lei de Pesca planteada por la Xunta del bipartito.
“Las concesiones actuales –añadía– no pueden continuar vigentes después de la extinción de las dos prórrogas que se admiten como máximo”.
Y dicho esto el catedrático esgrimía: “Para las (concesiones) existentes a la entrada en vigor de la nueva ley puede preverse en ella una disposición transitoria que las ponga a cero, es decir que se transformen en una nueva concesión. No se trataría, por tanto, de una prórroga de la misma concesión, sino de una novación”.

Articulado más sencillo

Así lo comunicó Meilán Gil en mayo de 2008 a petición del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, si bien es cierto que aquel informe no llegó a ser de conocimiento para el conjunto del sector mejillonero –al menos no para las bases– y desde el Consello se insistió una y otra vez en la imposibilidad de poner los contadores a cero.
Pero a juicio de Meilán Gil el articulado de la ley incluso podía redactarse “de forma más sencilla” y “sin necesidad de referirse a las prórrogas” de las bateas.
En cuanto a la celebración del concurso, explicaba el catedrático autor del informe: “No es imposible a la vista del ordenamiento jurídico que se otorguen concesiones sin un previo y formal concurso público”, pues los principios de concurrencia pueden asegurarse de otro modo”.

Murcia

Meilán Gil citaba como ejemplo la Ley 2/2007 de Pesca Marítima de la Región de Murcia, donde se establece que las concesiones “se otorgarán discrecionalmente o bien en base a valoraciones objetivas en los casos de concurrencia competitiva, por orden del consejero”.
A modo de conclusión: “El legislador autonómico no está obligado a utilizar el procedimiento de concurso público”, recalca el autor del informe, a pesar de que teóricamente iba en contra de los planteamientos de aquella comisión de mejilloneros que se lo había encargado a través del Consello Regulador. Y es que, cabe insistir, los juristas sostienen que “la concurrencia y la competitividad pueden existir sin un previo procedimiento de concurso público”.
Es más, establecer baremos que primen en esos concursos a los titulares de una batea determinada para que pueda renovar su concesión es algo que “no parece sostenible”, apostilla Meilán.

Los riesgos

Paralelamente, también emitió informe para los mejilloneros el gabinete jurídico González-Mariñas, de A Coruña. En este caso se alude a los “riesgos” para los bateeiros que puede entrañar el concurso público, pues “extinta una concesión, cualquiera puede presentar alegaciones y pugnar por la concesión del correspondiente punto de fondeo”, es decir, que no se garantiza que el titular de un parque siga al frente del mismo después del concurso.
Respecto a los “contadores a cero”, el jurista Eloy González manifestó, en junio de 2008, que es una posibilidad que puede contemplar la ley gallega fundamentándola, como ahora pretende hacer la Consellería do Mar, en “razones de política social o de política económica”.
Esto es tanto como decir que pueden darse otros treinta años más de vida a las bateas “para dar tiempo a los actuales concesionarios para reorganizar su actividad y amortizar la inversión”, o incluso se cree conveniente ese nuevo plazo para hacer más fuerte al sector frente a sus competidores.
Y es que “Galicia pasó del primer puesto mundial en producción de mejillón al tercer lugar”, detrás de China e Italia, “y está a punto de ser adelantada por Chile”.

Fuente: Faro de Vigo