Villanueva insta a Mar a apercibir a la gestora por "la ilegalidad" de paralizar el convenio
El escrito está firmado por socios de la cofradía de Carril - Atribuyen "autoritarismo" a la comisión por retener el pago del 2% a los parquistas - La agrupación sopesa la vía judicial
El conflicto se ha instalado en la cofradía de pescadores de Carril. El anuncio realizado por la presidenta de la gestora en una entrevista a FARO de paralizar el convenio suscrito en 2006 entre el pósito y la agrupación de parquistas por el cual la asociación de acuicultores cobraba un 2% de las ventas en lonja ha desencadenado un incendio de declaraciones que en los próximos días podría apagar la Consellería do Mar. Y es que Villanueva y otros socios de la cofradía afines a su gestión han firmado un escrito que prevén enviar el lunes al departamento que dirige Rosa Quintana para solicitarle que "informe a los miembros de la comisión gestora de la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Carril de cuáles son sus funciones y sus límites y les aperciba de que carecen de respaldo normativo que les posibilite decidir incumplir un convenio suscrito por la cofradía hace más de diez años con el acuerdo de la Junta General" del pósito, reza la misiva.
En la carta los socios firmantes aseguran a la Consellería que el convenio suscrito en 2006 fue ratificado por la xunta xeral del mandato de Villanueva (2014-2017) y que dejar de cumplir ese acuerdo "no tiene encaje en las funciones" de la comisión gestora, que según el decreto de cofradías son las de "convocar elecciones anticipadas y adoptar las decisiones ordinarias necesarias para el normal funcionamiento del pósito", recalcan los socios.
Consideran que la paralización del pago del 2% de las ventas en lonja de los parquistas a la agrupación "denota el autoritarismo de la comisión gestora, que se arroga atribuciones reservadas a la Junta General de las cofradías".
Por ello, entiende José Luis Villanueva y los demás socios que suscriben el escrito que Mar "ha de requerir" a la gestora presidida por María Jesús González para que "se limite a realizar la gestión ordinaria de la institución o, en caso contrario, deberán responder personalmente de las consecuencias de esas actuaciones para las que no están facultados". "Resulta evidente que el incumplimiento de un acuerdo puede tener negativas consecuencias en los ámbitos jurídico y económico", agregan.
Además de esta carta que en próximos días se remitirá a la Consellería, este grupo de socios enviará otra directamente a la cofradía redactada en similares términos. Agregan en este escrito que la decisión de la gestora de paralizar el convenio "es una ilegalidad" y que "puede ocasionar graves perjuicios a la cofradía".
Carta de la agrupación
Por otra parte la Agrupación de Productores de Parques de Cultivo de Carril que preside Villanueva ya envió esta semana al pósito de Carril una comunicación en la que denuncia que "el incumplimiento unilateral de un convenio suscrito entre dos entidades resulta injustificable, y les invitamos a que reconsideren su decisión y procedan a cumplir con lo acordado, pues en otro caso debería acudirse a la vía judicial para que se cumpla lo pactado, lo cual resultaría lamentable", advierte la asociación de acuicultores.
Insiste en la necesidad de cumplir con el convenio "y evitar así tener que adoptar medidas más drásticas y que todos lamentaríamos", en alusión a la posibilidad de recurrir a los tribunales.
El conflicto se ha instalado en la cofradía de pescadores de Carril. El anuncio realizado por la presidenta de la gestora en una entrevista a FARO de paralizar el convenio suscrito en 2006 entre el pósito y la agrupación de parquistas por el cual la asociación de acuicultores cobraba un 2% de las ventas en lonja ha desencadenado un incendio de declaraciones que en los próximos días podría apagar la Consellería do Mar. Y es que Villanueva y otros socios de la cofradía afines a su gestión han firmado un escrito que prevén enviar el lunes al departamento que dirige Rosa Quintana para solicitarle que "informe a los miembros de la comisión gestora de la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Carril de cuáles son sus funciones y sus límites y les aperciba de que carecen de respaldo normativo que les posibilite decidir incumplir un convenio suscrito por la cofradía hace más de diez años con el acuerdo de la Junta General" del pósito, reza la misiva.
En la carta los socios firmantes aseguran a la Consellería que el convenio suscrito en 2006 fue ratificado por la xunta xeral del mandato de Villanueva (2014-2017) y que dejar de cumplir ese acuerdo "no tiene encaje en las funciones" de la comisión gestora, que según el decreto de cofradías son las de "convocar elecciones anticipadas y adoptar las decisiones ordinarias necesarias para el normal funcionamiento del pósito", recalcan los socios.
Consideran que la paralización del pago del 2% de las ventas en lonja de los parquistas a la agrupación "denota el autoritarismo de la comisión gestora, que se arroga atribuciones reservadas a la Junta General de las cofradías".
Por ello, entiende José Luis Villanueva y los demás socios que suscriben el escrito que Mar "ha de requerir" a la gestora presidida por María Jesús González para que "se limite a realizar la gestión ordinaria de la institución o, en caso contrario, deberán responder personalmente de las consecuencias de esas actuaciones para las que no están facultados". "Resulta evidente que el incumplimiento de un acuerdo puede tener negativas consecuencias en los ámbitos jurídico y económico", agregan.
Además de esta carta que en próximos días se remitirá a la Consellería, este grupo de socios enviará otra directamente a la cofradía redactada en similares términos. Agregan en este escrito que la decisión de la gestora de paralizar el convenio "es una ilegalidad" y que "puede ocasionar graves perjuicios a la cofradía".
Carta de la agrupación
Por otra parte la Agrupación de Productores de Parques de Cultivo de Carril que preside Villanueva ya envió esta semana al pósito de Carril una comunicación en la que denuncia que "el incumplimiento unilateral de un convenio suscrito entre dos entidades resulta injustificable, y les invitamos a que reconsideren su decisión y procedan a cumplir con lo acordado, pues en otro caso debería acudirse a la vía judicial para que se cumpla lo pactado, lo cual resultaría lamentable", advierte la asociación de acuicultores.
Insiste en la necesidad de cumplir con el convenio "y evitar así tener que adoptar medidas más drásticas y que todos lamentaríamos", en alusión a la posibilidad de recurrir a los tribunales.
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