La trama de la almeja portuguesa ilegal pagaba a los furtivos 3 euros por kilo
El producto pasaba luego a empresas españolas, que la compraban a unos siete euros
Dos semanas después de su desembarco en varias empresas de Pontevedra, Santander, Huelva y Guipúzcoa, la Policía Nacionalofreció ayer el primer balance oficial de la operación contra la distribución de almeja extraída ilegalmente en Portugal. En aquel operativo, que se desarrolló en colaboración directa con la Policía Marítima del país vecino, se realizaron 19 registros y veinte inspecciones administrativas en las cuatro provincias citadas, la mayoría de ellas en Pontevedra. Se han intervenido diez toneladas de almeja japónica y, además, veinte empresas y dos personas físicas están siendo investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según explica la Policía Nacional, las investigaciones practicadas hasta el momento han permitido localizar «una veintena de viveros que comprarían marisco irregularmente capturado en territorio luso». En concreto, en la desembocadura del Tajo, una zona en la que se registran severos problemas de contaminación pese a los cuales faenan a diario miles de furtivos. Son un ejército de inmigrantes sin recursos ni esperanza que perciben, según explica la Policía Nacional, un pago de tres euros por cada kilo de almejas que ponen en manos de la «organización criminal» que luego las vendería a empresas españolas. Estas pagarían por ese marisco unos siete euros por kilo. «Después, las empresas españolas las harían llegar a nuestro mercado a entre 10-12 euros el kilogramo». La japónica es una almeja que se cultiva en Galicia, aunque la cantidad no cubre la demanda del mercado. En 2017, el producto gallego se vendió en lonja a una media de 8,42 euros kilo.
La policía entiende que los viveros españoles ‘blanqueaban’ el marisco lusoLa operación, en cuyo último capítulo también participaron los Gardacostas gallegos, el servicio veterinario de la Xunta, inspección pesquera de Galicia, Cantabria y Huelva, y Vigilancia Aduanera de Guipúzcoa, empezó a fraguarse hace dos años, cuando la Policía Marítima comunicó a España «la existencia de una organización criminal dedicada al marisqueo ilegal en zonas contaminadas de la costa portuguesa y que el destino de ese marisco era su venta ilícita en nuestro país utilizando documentación falsificada». «A partir de ese punto se mantiene una comunicación permanente», dicen desde la Policía Nacional. Las autoridades lusas pudieron «determinar el nombre de los transportistas que se estarían dedicando a la introducción del marisco de forma ilícita, así como algunos de los vehículos industriales utilizados. De este modo se llegó hasta algunas de las empresas que estarían recibiendo la mercancía en España. Tras exhaustivas pesquisas documentales sobre el terreno, se identificaron una veintena de viveros de Santander, Huelva, Guipúzcoa y principalmente Pontevedra que estarían ‘blanqueando’ la entrada de almeja japónica al mercado nacional». Las pesquisas también permitieron «acreditar que se estarían falsificando los documentos administrativos oficiales en alguna imprenta de España, facilitando datos a los investigadores españoles con el objeto de proceder a su localización y tratar de determinar el grado de implicación de esa empresa en la estructura organizativa de la actividad criminal investigada». En Galicia, de hecho, se registró una empresa de artes gráficas.
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