La exsecretaria de la cofradía de Carril pide la nulidad de su despido y una indemnización

El acto de conciliación entre las partes se celebrará el día 13

El conflicto sigue instalado en la cofradía de Carril. Al margen de las disputas intestinas enmarcadas en el sector del marisqueo a pie, el pósito se enfrenta a otra fuente de problemas: el intento de despedir a tres trabajadores. Finalmente solo se concretó el de la exsecretaria, María Fernanda Eiras, cuyos representantes se han dirigido al servicio de mediación y arbitraje de la Xunta para solicitar que se declare la nulidad de su despido, que se le abonen los salarios de trámite devengados hasta la fecha de su reincorporación, y que se le pague además una indemnización de 20.000 euros. Esta, según su reclamación, debería ser abonada por el patrón mayor, José Luis Villanueva, por «violación de derechos fundamentales».


Según explica el escrito presentado por los representantes legales de la extrabajadora del pósito, «no es cierta, o en todo caso es insuficiente, la causa organizativa que se alega por la empresa [la cofradía de Carril] para motivar un despido objetivo». La afectada renunció el 18 de julio de este año a su puesto como secretaria, un cargo que ocupaba desde octubre de 2001. Se reincorporaba así al puesto de auxiliar administrativo que había ocupado antes en el pósito. Según sus abogados, «la carta de despido no acredita en modo alguno la inexistencia de un puesto de trabajo como auxiliar administrativa para la trabajadora». «No se identifica la existencia de una reorganización de los medios materiales y personales que vacíen de contenido en puesto que se pretende amortizar, dado que la empresa, además de saneada, cuenta con un volumen de trabajo importante y notorio». Y es que, según afirma esta parte del conflicto, la cofradía persigue «eliminar y prescindir sin más del contrato de la demandante como castigo o represalia por no aceptar las directrices e instrucciones del patrón mayor durante el poco tiempo que prestó servicios como secretaria de los órganos de gobierno de la entidad».


La decisión adoptada, insiste la defensa de la exsecretaria, forma parte de una «estrategia planificada, decidida e implacable» con la que el patrón mayor, dice el escrito de la trabajadora, «perseguía minar la voluntad, la dignidad y la autoestima» de esta, «a la que acusaba de no haber mostrado una mayor adhesión o mayor compromiso con su persona» y «fundamentalmente, por haber mostrado su oposición a las medidas legales impuestas unilateralmente por el codemandado». El relato califica de «absolutamente injustificada y obscena, conculcadora de derechos fundamentales» la decisión de despido y el trato recibido por la demandante, cuya «voluntad, dignidad y autoestima» se pretendió minar, dicen, de forma constante.

Fuente: La Voz de Galicia