Crece el conflicto laboral en la cofradía de Carril al presentar una segunda trabajadora una demanda por discriminación

La cofradía de Carril sigue instalada en el conflicto. Además de la demanda interpuesta por la exsecretaria tras ser despedida, el pósito debe hacer frente a un segundo proceso judicial. Una segunda trabajadora -una del grupo sobre el que pesó el riesgo de despido- se ha dirigido al juzgado de lo social para denunciar lo que considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y por la discriminación laboral de la que dice ser objeto tanto por parte de la cofradía como del patrón mayor, José Luis Villanueva. El tribunal ha aceptado a trámite la demanda y ha citado a las partes para el próximo día 22 de enero.
Según el relato de esta trabajadora, Rosa Eiras, su lugar de trabajo habitual eran las oficinas de la cofradía, donde desempeñaba las tareas propias de una oficial segunda administrativa. Sin embargo, a mediados de octubre, «el patrón mayor, a través de la secretaria, me ordenó verbalmente que me dirigiera a mi único puesto de trabajo en la lonja para dedicarme, únicamente, al archivo de albaranes de años anteriores, vaciándome casi totalmente de las funciones y responsabilidades administrativas que venía desarrollando». También se han modificado, explica, sus horarios de trabajo.Esos cambios, asegura la defensa de la trabajadora, no se hallarían justificados «por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, ni se hallan relacionadas con la competitividad, productividad y organización técnica». A su juicio, esas modificaciones están encaminadas «a justificar una posterior extinción unilateral de la relación laboral», a fin de satisfacer «los intereses particulares y caprichosos del patrón mayor.

La trabajadora pide al juzgado que actúe en tres líneas. Por un lado, que deje sin efecto «las medidas adoptadas el 16 de octubre, reponiéndola en las anteriores condiciones de trabajo». Por otro, demanda que «se ordene el cese inmediato de este comportamiento y se restablezca a la actora a la situación debida de trato igualitario». Y, por último, reclama una indemnización de 3.000 euros por los daños y perjuicios de los que se considera víctima.El juzgado de lo social, tras recibir el escrito, ha decidido aceptarlo a trámite y ha fijado fecha para que las dos partes comparezcan ante él: será a finales del mes de enero.

Fuente: La Voz de Galicia