Pesca sacará a concurso bateas, playas y suelo público para acuicultura

El Parlamento Gallego colocó ayer la primera piedra de la futura Lei de Pesca de Galicia, llamada a refundar un texto normativo pionero hace 15 años -la de Pesca del Estado, por ejemplo, data del 2001-, pero que hoy supone un lastre para la «modernización do sector» por la excesiva «burocratización da actividade» que impone, pues disposiciones como la de la alternancia de artes «provocaron incluso problemas para garantizar a rentabilidade de determinados barcos» y abrieron la espita a «especulacións co valor das embarcacións». Así introdujo ayer la conselleira Carmen Gallego un proyecto de ley sobre el que hay un consenso unánime en su necesidad, pero discrepancias, y profundas, sobre las disposiciones que contiene. Un desencuentro que ha llevado al PPdeG a presentar ?-y a mantener en pie- una enmienda a la totalidad, tumbada definitivamente por PSdeG-PSOE y BNG.

A pesar de su veto íntegro, hay cuestiones que pesan más que otras en el rechazo popular. Una es que se «desprecie» a las cofradías, porque en la nueva normativa pasan a estar en plano de igualdad con otras fórmulas de asociacionismo, como las organizaciones de productores, las cooperativas, las asociaciones de armadores o los sindicatos. Y otra, que no se garantice la transmisión de las concesiones de bateas entre sus actuales titulares.

Críticas dirigidas, precisamente, a uno de los principios que, según la conselleira de Pesca, se persigue con la nueva ley: la democratización del sector. Bateas, playas, terrenos acuícolas... en definitiva, la explotación en concesión del dominio público terrestre saldrá a concurso público bajo los principios de concurrencia competitiva, transparencia, publicidad, igualdad y equidad. Es decir, bateeiros, mariscadores y piscicultores tendrán que medirse con otros colectivos para mantener unas concesiones que hasta ahora se tenían por imperecederas. Eso sí, en la adjudicación de la concesión, ya sea lámina de agua, arenal o suelo acuícola, se valorará la experiencia en el sector y haber sido anteriormente titular de una autorización para explotar el dominio público.

 documento auspiciado por Carmen Gallego refunde en un único texto una normativa fragmentada y dispersa que derogará, además de la de Pesca de 1993, otras cuatro leyes: la de cofradías, la que crea el Servizo de Gardacostas, la que funda el Intecmar y la de infracciones y sanciones.

Deja paso a la licencia de pesca profesional, que se otorgará a los barcos de bajura -no lo necesitará la altura y la gran altura- con carácter indefinido y a un permiso de marisqueo (diferente si la actividad se ejerce a pie o a flote) que se concederá por cinco años, con el ánimo de facilitar «unha mellor planificación das actividades». ? Sin límite de artes. Con la supresión del permiso de explotación (permex) desaparece también la limitación de artes por embarcación. En su lugar se crearán censos por modalidades de buques, pesquerías y caladeros, algo que se regulará posteriormente en un real decreto.

Se trata de una autorización temporal que se aplicará cuando una pesquería requiera limitaciones en el esfuerzo pesquero o medidas de conservación. Para stocks en estado crítico también se plantean planes de gestión anuales y plurianuales

La ley recupera el antiguo Servizo de Inspección e Vixianza Pesqueira y finiquita así un cuerpo polémico.? Creación de la Axencia de Desenvolvemento Sustentable. Para dinamizar las zonas costeras y mejorar la calidad de vida de los profesionales del mar. Entronca con el auge y promoción del turismo marinero. A cambio, desaparece el Intecmar como organismo autónomo y se integra en la estructura orgánica de Pesca. No se creará, al menos en el marco de esta ley, la agencia para gestionar el Salvamento Marítimo.

La ley intenta fomentar -porque no puede imponerla-, la cultura del seguro entre el sector.

Allana el camino para la implantación de marcas de calidad y distingue entre comercialización en origen y en destino.

El portavoz popular reprochó a Gallego que ni se molestase en buscar consenso para su proyecto -«o único consenso que hai é o rechazo unánime que lle dou o sector no Consello Galego de Pesca», dijo-, y afirmó que la conselleira pasará a la historia «por ser a máis discutida e contestada».

El portavoz del Bloque está convencido de que la futura ley, con algunos cambios, permitirá «producir máis, vivir mellor e de forma máis digna». Porque, el problema del sector gallego no es de recursos, sino «de mercado», algo en lo que nunca actuó el PP.

El socialista dio la bienvenida a un texto que pone fin a 15 años de legislación rígida y fragmentada que impedía «a modernización das estructuras productivas, especialmente as da flota artesanal».

Fuente: La Voz de Galicia